DNU, decretos y sentencias

¿Si quienes nos hemos formado en las filas del viejo partido nos sentimos cómodos con los tironeos institucionales?

Es obvio que no.

¿Hay otra forma de desarmar el andamiaje jurídico-legal que convirtió al Estado en un apéndice de una banda de delincuentes y colonizó la justicia buscando una protección que pretendían eterna?

Parece obvio que tampoco. Lo están mostrando los hechos. Lo que está claro que no es posible llegar al gobierno apoyado por la mayoría ciudadana con el mandato de recuperar la democracia republicana y aceptar resignados el chantaje. Si el pueblo quisiera eso, hubiera votado diferente y lo hubiéramos aceptado, continuando nuestra prédica desde el espacio opositor. Pero no fue así.

Son tiempos raros. Tan raros como los DNU, que inventó el peronismo con Menem y profundizó con los Kirchner para saltear el debate en el Congreso, y que fueran incorporados a la Reforma Constitucional de 1994 como parte del “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado entre peronistas y radicales, liderados entonces por Menem y Alfonsín.

Los DNU no son buenos, pero son absolutamente legales. Y es obvio que su función es reformar leyes, ya que si no carecerían de razón de ser.

El peronismo, que gobernó gran parte del lapso que va de 1994 a 2015, los utilizó a destajo para barbaridades y para banalidades. Cambiemos los está utilizando para volver las cosas a la normalidad –salvo que pensemos que la colonización del Estado por la camarilla delictiva es una buena cosa-. Fue votado para eso, y ha decidido cumplir con su promesa ciudadana.

Obviamente, los que ayer se bañaron en las orgías de la autocracia, rezongan. Buscan acogida en los bolsones de la justicia colonizada, la que costará un tiempo lograr que retorne a la majestad de su independencia. Asistiremos a sus coletazos agónicos con discursos que olvidaron durante muchos años, hasta hace apenas pocos días, cuando el funcionamiento institucional fuera desplazado por el “relato” hegemónico al que todo debía subordinarse. Porque “iban por todo”, hasta por fiscales indomables a los que no tuvieron empacho en ponerles fin. Y no precisamente por procedimientos institucionales...

El presidente fue votado para gobernar y sería bueno que lo dejaran. Bastante daño hicieron y bastante tolerancia está teniendo un pueblo que confió en ellos y al que le devolvieron un país hecho hilachas.

Para corregir el rumbo el Presidente debe utilizar sus facultades constitucionales libremente. No más, pero no menos. Debe tener prudencia al ingresar en un terreno originario del Congreso –como los DNU, a los que lo habilita la Constitución- pero no puede resignar la facultad que le es propia, la de la administración del país, designando con libertad sus colaboradores y funcionarios de gobierno. El turno del gobierno anterior terminó y con él, el de sus funcionarios políticos. Es de una grosera vileza personal y política pretender usurpar funciones de gobierno sin representar a nadie.

La Justicia no puede, porque no tiene facultades constitucionales para ello, condicionar al presidente nada menos que en la decisión de los funcionarios con los que gobernará. Si intentara hacerlo, sus pronunciamientos carecerían por completo de valor, como no lo tendría una Sentencia dictada por el Presidente, o por el Congreso. Es la norma de oro de la democracia republicana. Cada uno debe actuar en sus competencias constitucionales. De hecho, tal vez sea bueno recordar que el propio DNU que modificó la Ley de Medios respeta escrupulosamente su parte dogmática, es decir sus objetivos y principios, y se reduce a cambiar lo que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo: su aplicación (art. 99, incs. 2 y 7 de la Constitución Nacional).

En todo caso, serán los ciudadanos los únicos que realizarán la valoración política de la gestión, al ser convocados nuevamente al comicio.

Ricardo Lafferriere

La política económica: Interrogantes con reflexiones

¿Cómo es el saldo aproximado de la transferencia de ingresos que se producen con el nuevo sistema? 

¿Cuál es el horizonte económico que se abre?

1.       La primera y más importante es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y específicamente hacia los productores agropecuarios en especial. En los productos que no se exportaban por las retenciones o lo hacían en ínfima medida –regionales como frutas y vinos, trigo, maíz, carne, etc.-, al desaparecer las retenciones no existe pérdida de ingresos del sector público –porque no se percibían-, y al contrario, comenzará a percibir los que se generen por las transacciones que giran alrededor de la dinamización de esas producciones: nuevos empleos, nuevos impuestos de Ingresos Brutos, IVA, Ganancias, sellos, nuevas ventas de insumos –combustibles, cubiertas, repuestos, maquinarias agrícolas, etc.-

2.       La segunda, originada en las exportaciones que sí se realizaban –soja, cuyas retenciones son reducidas en un 14 % (o sea, 5 puntos, reducidas del 35 % preexistente a la nueva tasa del 30 %)- es una transferencia desde el Estado (o sea de toda la comunidad) hacia los productores agropecuarios, sólo en la medida de la reducción del impuesto, ya que la soja no incide en precio de alimentos en forma perceptible.

3.       La tercera es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y hacia la industria en especial en los sectores industriales que adquieren competitividad exportadora por la devaluación y puedan comenzar a exportar y desde el Estado hacia esos mismos sectores al reducir las retenciones en los casos –muy pocos- en que existían exportaciones.

4.       La cuarta es desde los consumidores hacia el sector agropecuario, en la medida en que suba el precio de los alimentos y no sea compensado con un aumento salarial o medidas públicas adicionales que incidan en los precios internos.

5.       La quinta es desde el Estado –o sea, desde la comunidad en su conjunto- hacia los consumidores en los casos en que se neutralice el anterior con medidas fiscales –como reducción del IVA para alimentos, planes especiales de precios cuidados, etc.- Si ello ocurriera, el resultado sería neutro: se sacaría de un bolsillo para poner en el otro.

6.       Es también virtualmente neutro o mínimo en el flujo del turismo al exterior. El dólar “turista” sube un 5 %, aunque esa transferencia se incrementa en los casos en que existía devolución efectiva del 35 % de la retención de la AFIP. Si se tiene en cuenta ese 35 %, habría una transferencia desde los viajeros al exterior hacia la comunidad general por el equivalente a ese adelanto de impuesto a las ganancias que deja de existir.

7.       Hay una transferencia desde el resto del mundo hacia el país por la competitividad adicional de la economía interna de cara al turismo receptivo que se redireccione hacia el país, si se produce un incremento de la actividad sectorial por esta razón.

8.       En el caso de incidir en el precio de los combustibles –tema aparentemente en discusión-, existirá una transferencia real de ingresos desde los consumidores hacia el sector energético hidrocarburífero, cuya dimensión puede ser importante, tanto por su incidencia directa como por su eventual influencia en la suba de precios y alimentación del proceso inflacionario. Sería el mayor golpe a los consumidores por el nuevo régimen.

En síntesis: la principal transferencia se dará desde el resto del mundo hacia el país. En el plano interno, la transferencia que más puede preverse será la sufrida por los consumidores de alimentos, en caso de no neutralizarse con medidas adicionales, y por el efecto inflacionario del incremento de combustibles.

El objetivo perseguido por el nuevo régimen es, claramente, dinamizar rápidamente el sector con mayor capacidad de generación de divisas por aumento de volumen exportado –agropecuario- a fin de aliviar el ahogo del sector externo que actúa como un lastre a la reactivación industrial –por insuficiencia de divisas- y acentuar el perfil exportador de la economía argentina.

Debido al punto de partida –paralización de importaciones industriales y de exportaciones agropecuarias e industriales en los últimos meses- y a la consiguiente inexistencia de operaciones con divisas al cambio oficial anterior, es incorrecto afirmar que existió una devaluación al estilo de las tradicionales, que se producían con la economía funcionando. El dólar a $ 9,70 prácticamente no existía, las importaciones estaban paralizadas desde hacía varios meses por falta de divisas y de hecho, el nivel de reservas disponibles era cercano a cero. Más que una "devaluación", se trata de un cambio en el patrón de flujos económicos de una economía cerrada y estancada, hacia  una economía imbricada con las corrientes globales de comercio, finanzas e inversión, que busca desatar nuevos flujos de ingresos hacia el país que hasta ahora eran inexistentes.

Decir, por ejemplo, que lo que se mejora al sector agropecuario se le saca al salario no tiene en cuenta que el mayor incremento del sector agropecuario no tendrá fuentes internas sino externas, ya que devendrá de un incremento -que se espera sea sustancial- del volumen exportado. En la ecuación perseguida, el porcentaje de producción de alimentos destinada al consumo interno será muy reducido en comparación con el destinado a la exportación, y una política de compensaciones inteligente puede neutralizar ese efecto. Estrictamente hablando, la transferencia de ingresos en este caso será de competidores internacionales eventualmente desplazados por los productos argentinos reingresando al mercado mundial.

En este nuevo diseño, se estimulan las actividades productivas –primaria, secundaria y de servicios- que busquen la realización de la ganancia en el mercado global. Es claro que la inversión –y el crecimiento de la oferta, especialmente la dirigida a la demanda externa- son considerados en la etapa por el nuevo equipo de gobierno los disparadores de la reactivación económica, luego de cuatro años sin crecer al haberse agotado las posibilidades beneficiosas del estímulo de la demanda en una economía cerrada.

El aspecto siempre sensible es la incidencia en el salario. Habrá que seguir con atención las políticas de precios en los alimentos, combustibles, salarios públicos, pasividades y paritarias.

Observando el rumbo adoptado, es posible imaginar que el próximo paso sea un avance en la sustentabilidad de las finanzas públicas. Será en este capítulo –más que en el del régimen cambiario- donde pueden producirse transferencias de ingresos más marcadas pero es prematuro, al no conocer las medidas, hacer un juicio sobre su efecto aunque la lógica indica que la administración económica buscará evitar efectos recesivos que agraven la situación fiscal al reducir los ingresos públicos por menor actividad. Cuidar el salario resulta central para la estrategia impulsada.

Es previsible pensar que las medidas próximas se agrupen en tres grandes campos: 1) la inversión pública, que debería buscarse financiar con crédito externo público y privado a fin de que no golpee en el “flujo” de la caja del Estado; 2) la deuda anterior existente –externa e interna-, que posiblemente se busque normalizar refinanciándola con instrumentos de deuda institucionalizados y confiables para reducir su costo; y 3) el flujo de caja –sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros, proveedores, subsidios, transferencias, etc.- que deberán financiarse con los ingresos corrientes. Pero esta suposiciones, realizadas sin información sino como meras reflexiones derivadas de lo realizado en los primeros pasos, deberán ser evaluadas cuando se conozcan. Hablarán los hechos.

Si se logra, el resultado debiera ser el equilibrio fiscal y la consiguiente desaparición de la presión inflacionaria de la emisión sin respaldo. Podría iniciarse un círculo virtuoso con una etapa de crecimiento cuya locomotora sea la imbricación de la economía nacional con las corrientes globales de comercio, inversión, finanzas y tecnologías de la economía mundial. Pero mejor no adelantarse: será otra historia.

Ricardo Lafferriere

La estremecedora dimensión del desastre

No fue en vano la reticencia mostrada por la ex presidenta Cristina Kirchner en “abrir los números” para una transición ordenada. Esos números muestran la magnitud descomunal de la deuda ocultada, del quebranto generalizado y del desequilibrio gigantesco del aparato estatal.

Se intuía, pero nunca en esa dimensión. El déficit fiscal con respecto al PBI se acerca al 10 %, uno de los más grandes –si no el más grande- del mundo. La economía no ha estallado por el ancla del sector agrario, que ha sido expoliado al límite de su quiebra, y por la expectativa abierta por el fin del infierno y el cambio de gobierno. Esa expoliación, sin embargo, apenas alcanza para eso: para que todo no estalle. Se acabó el tiempo en que “una buena cosecha” nos salvaba. Y el nuevo gobierno ya llegó.

Ahí tenemos el problema heredado en toda su magnitud, rodeado de las miserias del fin de ciclo. Los negociados de “guante blanco” que se defienden sin rubor –como el de la venta de dólares a futuro con megananancias de 15.000 millones de dólares que deberá soportar el BCRA, o sea, cada compatriota so pena de entrar en un nuevo “default”- han sido adornados con la nueva maniobra de vulgares rateros que se descubrió en la AFIP, que levantó el cepo del dólar ahorro por un par de horas con aviso previo a los amigos del kirchnerismo y que costó en ese par de horas 35 millones de dólares. Todo da asco. Asco que se sublima al escuchar el cinismo con que se repiten consignas pretendidamente progresistas para ocultar tras ellas los delitos más guarangos.

Simplemente, ladrones.

Pero, bueno. Así están las cosas. Hay que enfrentar esa situación y seguramente el nuevo gobierno lo hará. Ante un desequilibrio de esa dimensión, la matemática indica dos caminos teóricos (achicar el gasto o aumentar el producto) pero la política sólo uno posible. Intuyo que el rumbo que adoptará el nuevo presidente no será recortar ingresos, sino inducir a los argentinos a una reorientación de sus ingresos hacia la inversión en lugar de hacia el puro consumo.

El precio será demorar la reducción de la inflación más de lo pensado porque financiar un déficit de la magnitud del heredado es imposible en forma de shock y será necesario nivelar las finanzas públicas en forma progresiva. Pero se necesita la cooperación de la sociedad, con un cambio de hábitos desde el puro consumo hacia el ahorro y su movilización hacia la inversión.

El estímulo a la inversión deberá sostenerse en la vocación pionera de los argentinos. Miles, decenas de miles de emprendimientos pequeños y medianos que tomen al mundo como desafío, inversión que amplíe la capacidad instalada de las fábricas con incorporación tecnológica, estímulo a la multiplicación de las áreas sembradas con incorporación de tecnología que aumente las cosechas e infraestructuras que permitan movilizar el sector privado de la economía para lograr el sueño de volver a crecer mientras se “doma” la deuda y el gasto.

Será necesaria una agenda de masiva inversión para el crecimiento, en la que deberán diseñarse herramientas adecuadas en el plano financiero, crediticio, aduanero y fiscal, articulada en forma virtuosa con un manejo prudente de la deuda, con la que deberá convivirse buscando las modalidades menos costosas y más blandas, en una relación con el mundo financiero que se base en reglas claras, respeto recíproco y cumplimiento escrupuloso de las normas y contratos, para reducir el costo del riesgo.

Y mientras tanto, sin perder el talante del diálogo, encontrar en la verdad el punto de encuentro. Una verdad que no puede ocultar a dónde llevaron al país y que debe tener como instrumentos la libre actuación de la prensa, el debate político maduro y la justicia actuando sin cortapisas para atrás y para adelante.

Ricardo Lafferriere

Una ley no puede limitar las facultades constitucionales del Presidente

Ni del Congreso. Ni de la Corte.

El diseño institucional es un mecanismo de relojería que asigna potestades –delegadas por el pueblo, a través de la Constitución- a órganos de gestión recíprocamente controlados por los procedimientos que sólo ella establece.

El jubileo de la banalidad jurídica kirchnerista en su ninguneo institucional -acompañado, es bueno reconocerlo, por una oposición en muchas ocasiones demasiado dócil, y jueces en demasiados casos lentos o complacientes- avanzó en una proliferación de normas en las que el delicado equilibrio constitucional fue llevado a sus límites y hasta ampliamente sobrepasado.

El caso de algunos organismos –como el AFSCA- es un ejemplo. Puede hasta ser discutible que en campos como el de las comunicaciones se constituya un organismo de seguimiento, con facultades consultivas, de conformación plural. Sin embargo, es claramente inconstitucional asignarle a ese organismo atribuciones que corresponden en exclusiva al Poder Ejecutivo.

Es el Poder Ejecutivo, en efecto, (y no el Congreso) el que tiene como responsabilidad constitucional esencial la de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” –art. 99, inc. 2-. Para eso está y ésa es su función primaria.

Es más: la atribución de designación de los funcionarios políticos del Estado es también suya, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, al que “le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que les delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente. …” –art. 100-.

Negar esas facultades al Presidente y al Jefe de Gabinete es claramente inconstitucional, y cualquier aceptación del Poder Ejecutivo de esas limitaciones sólo puede entenderse como una autolimitación, que se extiende hasta que cambie de idea o agote su mandato. De ninguna manera puede extenderse al presidente que lo suceda.

¿Qué ocurre si el Poder Ejecutivo sobrepasa sus facultades, por ejemplo avasallando derechos de terceros –como la estabilidad de los docentes, o los empleados públicos escalafonados, también de origen constitucional?- Pues es la Corte Suprema la que debe tomar cartas, previo debido proceso. Lo que enfrenta en forma flagrante a la Constitución es la pretensión de vaciar por ley las facultades que ésta asigna en forma clara y expresa al Poder Ejecutivo y asignarlas a otro u otros funcionarios.

Entenderlo de otra forma llevaría al absurdo aceptar que aprovechando una mayoría política circunstancial se sancionen, por ejemplo, leyes que le otorguen estabilidad a los Ministros, o transfieran potestades ejecutivas a organismos de creación legal a los que se dote de autonomía y estabilidad, pretendiendo que los presidentes deban gobernar con el gabinete o los funcionarios heredados. En realidad, no otra cosa es lo que conforman estos organismos de base híbrida y clara inconstitucionalidad con pretensiones de permanencia por encima de las normas constitucionales.

El dislate es tan incoherente como si se dictara una ley ordenando a la Corte a fallar de determinada manera en una causa sometida a su jurisdicción, o como si el Poder Ejecutivo dictara un decreto ordenando al Parlamento a sancionar determinadas leyes, por fuera del mecanismo de los DNU previsto en la Constitución Nacional.

Pero si esto ya de por sí es un absurdo, la pretensión de permanencia en esos organismos de los funcionarios asignados (¿?) a la representación del Poder Ejecutivo más allá del mandato de quién los designó supera la más alucinante de las falacias políticas. Podría hasta defenderse la continuación de los “delegados” del Congreso –organismo plural y permanente, en constante modificación en sus mayorías-, pero que la ley termine obligando al Poder Ejecutivo a que sus propios representantes sean quienes designó un Presidente que no existe, rompe las barreras del absurdo y se tranforma en un dislate. ¿A quién reportarán? ¿Al presidente que los designó (a quien, sea dicho de paso, los funcionarios renuentes expresan haber consultado sobre la actitud a seguir?) ¿A nadie? ¿Serán “funcionarios de gobierno no electos”, con estabilidad y sin responsabilidad?

El entuerto tiene dos salidas –y sólo dos-. La que mejor respondería a la Constitución y a la dignidad de los involucrados sería su renuncia, como cualquier funcionario político al terminar el mandato del presidente que los designó, como ocurre con los Embajadores políticos y como ha ocurrido con el jefe de la Unidad Anti-lavado o los integrantes de RTA designados por el Ejecutivo. O como el propio Presidente y Directores del Banco Central, que –ellos sí- en rigor no tendrían una obligación jurídica de hacerlo –aunque sí política, por la obvia mala praxis desarrollada en su gestión-, ya que cuenta entre sus funciones defender el valor de la moneda, atribución que la Constitución asigna al Congreso Nacional y que la complejidad y dinamismo de la economía moderna obliga a realizar en conjunto con el Poder Ejecutivo, a través del BCRA y su Carta Orgánica.

La otra es su remoción por un simple decreto del Poder Ejecutivo, que en ejercicio de facultades constitucionales directas puede nombrar y remover a los funcionarios de su gestión, lo que cada día que pase será más exigible como una demostración de ejercicio real del poder recibido de los ciudadanos. Tendría menos “estilo” pero tal vez sería mejor, al dar oportunidad al Poder Ejecutivo de ejercer un acto de autoridad institucional y claridad política.

Uno u otro camino sería bueno que ocurriera más temprano que tarde para que la nueva administración pueda comenzar a andar y cumplir en la respectiva área su programa de gobierno propuesto y elegido por el pueblo en comicios transparentes.

Ricardo Lafferriere

Estímulo para pensar el futuro

Un gran cambio en el lenguaje del escenario. Ese es el principal emergente de la primera jornada del nuevo período.

Mirado cuando ya es pasado, la duda que hubiera existido sobre la decisión final de Mauricio Macri en el sentido de solicitar la certeza judicial sobre el inicio de su mandato ha sido un paso más que acertado. La reacción de la ex presidenta y su equipo al conocer la resolución judicial desnudaron sus frustradas intenciones: convertir la ceremonia de traspaso –y las propias horas previas- en un infierno de decisiones irracionales y conflictivas, con el ritmo que ya habían adoptado en los últimos días, algunas de las cuales llegaron a concretarse en el propio Boletín Oficial publicado el propio día 9.

De la forma que ocurrieron, el cambio de tiempo fue más nítido, tal vez gracias a la separación temporal de la simpática “presidencia Pinedo”, que interpuso un período neutral de transición entre el cese y el comienzo.

Las “cara y ceca” fueron el último discurso de CK y el inicial de MM.

El 9, en la Plaza de Mayo, fue claro en su agenda de pasado. Representó los últimos estertores de un tiempo agotado, reproduciendo el debate circular del siglo XX que la realidad del mundo abandonó definitivamente hace ya un par de décadas. El escenario de la confrontación entre sistemas enfrentados, entre visiones ideológicas, entre formas autoritarias de imaginar la relación del poder con los ciudadanos. Un escenario indiferente ante la destrucción del planeta –el discurso presidencial se pronunciaba mientras en París la Argentina recibía el premio a la hipocresía ambiental, y en el país CK presionaba al Senado para que aprobara su última ley, ¡impulsando una empresa carbonífera!...; aislacionista, intolerante, faccioso, despreciativo de la pluralidad de visiones y del sano intercambio de ideas diferentes; agresivo con las instituciones, descalificador de la independencia judicial, ignorante de las normas, silencioso con el narcotráfico y la corrupción.

El 10, en el Congreso, la agenda del siglo brilló en plenitud. No más “unos contra otros” sino “unos con otros”. Intolerancia contra la corrupción, lucha sin cuartel contra el narcotráfico, trabajo incansable para terminar con la pobreza. Recreación de la educación apoyado en la recuperación de la excelencia, universalización de la protección social a aquellos despreciados por el populismo, o sea los que se animan a forjar su propio camino en forma de pioneros a los que, por su audacia y valentía, se les priva de derechos concedidos a los demás. Una agenda abierta a la región y al mundo sin temores ni prevenciones, defendiendo el trabajo argentino pero sabiendo que el crecimiento sólo llegará si también llegamos a los mercados globales con productos y servicios de calidad, ejecutados por compatriotas capacitados y en consecuencia, bien pagados. Una agenda en la que las energías renovables vayan reemplazando a las fósiles, donde la infraestructura ponga los bienes públicos al alcance de todos –y no sólo de los que viajan en avión-, y en el que las oportunidades sean iguales para todos, cualquiera sea el sector social o la región geográfica a la que pertenezcan.

La agenda del país viejo, que es también la del mundo viejo, sólo convoca al enfrentamiento y la violencia, verbal y física. La agenda del país y del mundo nuevo convoca a la reflexión creativa y el trabajo conjunto. La primera, lleva a la lucha esterizadora. La segunda, a la solidaridad en el esfuerzo.

Es difícil no entusiasmarse, aun sabiendo que existirán tropiezos y equivocaciones como en cualquier camino novedoso. El propio reconocimiento de su falibilidad por parte del nuevo presidente, constructor de equipos plurales a los que ha convocado a compatriotas de diferentes vertientes, marca también una diferencia terminante con las viejas prácticas de la convivencia del escenario político. Basta, al fin, de “caudillos sabelotodo” a los que es necesario justificarle la ignorancia con aplausos de ocasión. Bienvenidos aquellos que en lugar de hablar, escuchen, dispuestos a aprender todos los días algo novedoso sin pretender ser los especialistas en todo.

El liderazgo de la nueva etapa deberá mantener la humildad, especializarse en la construcción de consensos, no caer en la tentación de demonizar al adversario de buena fe y mantener la templanza ante aquellos que no la tengan, para que sean los propios ciudadanos quienes observen la esterilidad de los discursos impostados.

La Argentina parece estar llegando, al fin, al siglo XXI. Y eso estimula, entusiasma, alegra.

Ricardo Lafferriere